El CNI sostiene que Rabat financia grupos contrarios al Polisario en España

Acavite rechaza cualquier relación con Marruecos y asegura que se trata de una «intoxicación» que daña a las víctimas del terrorismo

Las presiones de Marruecos tras la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España llegaron por dos vías, una judicial y otra mediática. Un informe “reservado” del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señala que durante la tensión de las relaciones entre Madrid y Rabat, los servicios de inteligencia marroquíes “acosaron” a Ghali para “dificultar su movilidad” y “crear un estado de opinión en la prensa afín a sus intereses”. El documento, al que ha tenido acceso El País, sostiene que Marruecos destinó “bastantes recursos, incluso económicos” a reactivar las causas judiciales que el Frente Polisario tiene pendientes en España y hostigar al Gobierno de Pedro Sánchez para que tomara partido por Marruecos en la resolución del conflicto saharaui.

En el dossier anexo del informe, el CNI incluye una relación de asociaciones y grupos que supuestamente son colaboradores de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), es decir, el servicio de inteligencia exterior marroquí. El documento sostiene que Rabat brinda financiación a determinados grupos contrarios al Frente Polisario en España y apunta, entre otros, hacia la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), el Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) y a la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh).

Según el informe de los servicios de inteligencia de España, la presidenta de Acavite, Lucía Jiménez solicitó ayuda financiera a Marruecos en 2012 para “denunciar al Frente Polisario por los crímenes cometidos contra españoles entre 1973 y 1988”. Un extremo que Jiménez desmiente rotundamente, a la vez que niega que la asociación haya recibido “jamás” dinero procedente de Marruecos. “Es una intoxicación falsa y dañina para las víctimas”, defiende la presidenta de Acavite, quien desconoce las razones por las que el CNI les ha podido relacionar con Rabat. Además, considera “indecente” que se pretenda utilizar a las víctimas en las estrategias geopolíticas. Jiménez, quien rechaza tajantemente cualquier relación con el país vecino, anuncia que emprenderá acciones legales contra quienes sostengan que Acavite está financiada o ligada de cualquier manera a Marruecos.

Baricalla achaca la elaboración del informe a un «lobo solitario» del servicio de inteligencia español

El secretario general del Movimiento Saharauis por la Paz, Hach Ahmed Baricalla, se muestra sorprendido ante la “pobreza” del informe del CNI, porque a su juicio solo incluye un listado de personas que se han mostrado contrarias al Frente Polisario. “Es un trabajo de hemeroteca, no es una investigación de inteligencia”, declara Baricalla, quien apunta que el contenido “es muy poco serio y no se corresponde con el prestigio de una institución como el CNI”. Así, cree que este documento lo pudo elaborar “un lobo solitario” del CNI y pone en duda que se trate de un informe auténtico del servicio de inteligencia español, porque “no aporta ninguna novedad”.

El informe detalla que el MSP actúa de “pantalla” de los servicios secretos marroquíes. Baricalla, quien fue representante del Frente Polisario en España, reconoce que se han podido infiltrar en su organización, lo que no implica que se conviertan “en pantalla de nadie”. Además, muestra su preocupación ante la posibilidad de que detrás del documento estén “sectores conservadores a los que les incomoda la nueva postura del Gobierno español y la posibilidad de que se resuelva el conflicto del Sáhara occidental”, porque pretenden que Marruecos “siga envuelto en una guerra con los saharauis”.

El CNI señala que Fadel Breica, un bloguero y activista saharaui que pertenece al MSP, denunció que había sido torturado por el Frente Polisario en junio de 2019 en los campos de refugiados de Tidouf. Según el informe, Breica realizó ese viaje bajo instrucciones de Marruecos con el objetivo de “provocar” a la cúpula polisaria y forzar su detención. Además, el documento sostiene que los “únicos ingresos” del activista provienen de servicio de inteligencia exterior marroquí. El secretario general del MSP aclara que estos hechos se produjeron un año antes de que se fundara su organización, por lo que no puede existir relación entre ambos acontecimientos.

El juez de Zaragoza que investiga la presunta entrada ilegal en España en abril de 2021 de Ghali para recibir atención sanitaria ha prorrogado seis meses más la instrucción, tras ordenar la práctica de distintas pruebas de investigación que implican la solicitud de información a la delegación del Frente Polisario en España. En su auto, al que accedió Efe, el magistrado destaca que de la información aportada por la delegación y de la orden de toma de declaración del hijo de Ghali, Luali Brahim, podrían derivarse nuevas testificales e informes en torno a la presunta falsedad y prevaricación investigadas que exigen la declaración de la causa como “compleja”.

En concreto, tras la decisión de la Audiencia de Zaragoza de sobreseer el caso en relación a la exministra de Exteriores Arantxa González Laya y a su exjefe de Gabinete, Camilo Villariño, el magistrado acordó dirigirse a los representantes del Frente Polisario en España para que informaran de si tuvieron conocimiento previo del viaje de su líder. El juez también quiere conocer las razones por las que se eligió un hospital de Logroño para que Ghali recibiera atención médica por una covid agravada tras aterrizar en la base aérea de Zaragoza, y qué personas de la delegación saharaui le acompañaron en ese momento. El magistrado pretende que detallen si tenían conocimiento de que el líder polisario tenía alguna causa penal abierta en España y, en caso de que fuera así, si informaron a las autoridades españolas previamente de su situación legal.

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